Calculadora de precio de reventa (segunda transmisión)
Calcula el precio máximo legal de una vivienda protegida de segunda mano. Solo datos oficiales — no usamos portales inmobiliarios.
¿Dónde está la vivienda?
Estos datos figuran en la cédula de calificación de la vivienda (precio y año de calificación, tipo de expediente).
Cómo encontrar una VPO de segunda mano
La mayoría de viviendas protegidas que se venden cada año son de segunda mano y aparecen en los portales generales, mezcladas con vivienda libre. Así se busca (y se compra) sin riesgo:
1Empieza por los enlaces de abajo: te llevan directamente a los anuncios de VPO de tu zona, ya filtrados. Un precio claramente por debajo del mercado también es una pista.
2Antes de negociar, calcula arriba el precio máximo legal de tu comunidad — y si la tuya aún no está cubierta, pídeselo a su organismo de vivienda. Nadie puede venderte por encima de ese precio.
3Exige el visado o autorización de venta y no pagues nunca nada fuera de escritura: ni «muebles», ni «reformas», ni señales en efectivo.
Si tu vivienda sigue dentro del periodo de protección, la venta tiene reglas propias. Las cuatro que más sorprenden:
•El precio lo limita la ley, no el mercado: usa la calculadora de arriba para conocer el máximo legal de tu comunidad antes de fijar precio o firmar arras.
•Necesitas la autorización (visado) de tu comunidad antes de vender. En algunas, vender sin ella anula la venta: en Andalucía, desde la Ley 5/2025, la Consejería debe autorizarla previamente.
•La Administración suele tener tanteo y retracto: derecho preferente a comprar tu vivienda antes que el comprador que hayas encontrado.
•No aceptes ningún pago fuera de escritura: el sobreprecio es la irregularidad más común en la VPO usada y te expone a sanciones y a la nulidad.
•En Madrid, la VPO de promoción pública no puede venderse hasta pasados 5 años desde la compra (salvo justa causa) y siempre con autorización previa; el precio máximo vigente depende de qué decreto calificó tu vivienda. La descalificación voluntaria, donde existe, exige plazos mínimos largos que fija cada comunidad y devolver las ayudas recibidas.